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Actualidad, Liberalismo

Supogamos que hablo de Cajastur, digo de Caja Castilla La Mancha

Supogamos que hablo de Cajastur, digo de Caja Castilla La Mancha

Estimulados por la unanimidad de catedráticos, políticos y otros sobre la bondad de la operación, no nos queda más remedio que pensar que es extraño, como si nadie se atreviese a discrepar. Tanto acuerdo asusta ¿o no?. Algo raro convendrán que ocurre.

Y no lo puedo negar, estimula en la reflexión que sean entidades de derecho público, empresas públicas; lo que al menos a mí, hace que el cuerpo se me llene de granos y me produzcan escozor.

Iniciamos pues el sano ejercicio de llevar la contraria, lo que la doctrina jurídica italiana denomina ripensare y, repensando en alto nos surgen casi de inmediato, varias dudas. Dudas que derivan de instituciones jurídicas como son la acción pauliana, la reintegración de la masa activa y finalmente el alzamiento. Derivan de los artículos 1.111 del Código Civil, 71 de la Ley Concursal y 257 del Código Penal.

Por lo que ha trascendido, la <<genial>> operación está diseñada sobre la base de trocear CCM y venderla por partes. Fácil y muy lógico, o eso pensamos todos al comienzo.

El problema es que a esta situación se llega porque CCM, nos dicen, está en situación técnica de quiebra, con un <<agüjero>> más profundo que la sima o fosa de Las Marianas, es decir, que debe más de lo que tiene, mucho más. Esto quiere decir, que en principio, parece que existen acreedores cuyos créditos no podrán ser abonados. Y en esa situación, lo que se pretende es que alguien se quede con lo que vale y alguien se coma lo que no vale.

Más claro, que alguien se quede con los beneficios y alguien no cobre sus créditos, se quede con las pérdidas. Creo que lo que se pretende es parecido, sino exacto, al menos esa es la conclusión que uno saca del barullo que es el esquema que resultará de la operación.

Existen dos formas de confundir, no dando información, o dando demasiada, tanta que no hay quien la digiera, y creo que es el caso.

Si esto es así, Cajastur se queda con lo que vale y lo que no vale se queda aparte, quiebra la <<pars condictio credictorum>>. Quebraría la igualdad de los acreedores para cobrar del patrimonio del deudor. Igualdad que deriva de la aplicación del principio de responsabilidad patrimonial universal.

Si esto es así insisto, entraría en juego el artículo 1.111 del Código Civil,  (Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, …; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho); según esto, la conocida acción revocatoria o pauliana, permite a los acreedores perseguir los bienes del deudor impugnando y pidiendo la revocación de cuantos actos haya llevado a cabo en fraude de su derecho. Cualquier acreedor podría hacerlo, pues resulta más que obvio que deshacerse de los activos, si hay otros acreedores, es una fraude a los acreedores.

En derecho concursal, y parece ser aplicable al caso, esta facultad se ejerce por medio de las llamadas acciones de reintegración que regula el artículo 71 de la Ley Concursal al establecer que: “Declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta.” Establece para el supuesto de concurso un régimen más objetivo y más estricto que la legislación civil y con el mismo significado concluye que deberá devolverse el derecho transmitido y, dependiendo de que hubiese existido buena o mala fe, podrá reintegrarse lo pagado con cargo a la masa o será un crédito subordinado (en esencia el que cobra al final y sólo si queda algo), lo que resulta equivalente a anotar la deuda en una barra de hielo en pleno mes de agosto.

Básicamente la buena o mala fe en derecho, aunque concepto no estrictamente positivizado, viene a ser algo así como conocer la situación que dio origen a la rescisión. Al caso, Cajastur corre el riesgo de quedarse sin el dinero que invierta si se terminase abriendo un proceso concursal, lo que tampoco parece descabellado ocurra, pues ya se alzan voces en ese sentido.

En el derecho penal, también existe otra norma que, si todo es como ha sido expuesto, podría resultar aplicable, el artículo 257 del Código Penal, que transcribiré de seguido, para que cada uno juzgue y opine libremente; “1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses:

1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.

2.º Quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.

2. Lo dispuesto en el presente Artículo será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada.

3. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara una ejecución concursal.”

 

No digo yo que ocurra esto, sería temerario.

A pesar de lo similar de la conducta que describe este artículo con la operación que se explica de adquisición de las oficinas –con su negocio-, no me cabe la menor duda de que estos preparadísimos y sesudos gestores del Banco de España, de CCM y de Cajastur no tienen pensado llevar a cabo una conducta similar con <<diurnidad>>, publicidad, consenso social, doctrinal y alevosa prepotencia.

Por ello, reitero que sin duda la operación no debe ser como nos la explican, no creo que a nadie, a pesar de las apariencias, se le ocurra una actuación tan burda, de una forma tan <<ostentórea>> que ni al titular del palabro se le hubiera ocurrido.

Seguro que mis escasísimos conocimientos sobre el mercado financiero hiperregulado y las operaciones de fusión-adquisición-cesión-garantía-aval no sean muy precisos y me equivoque, seguro; ahora bien, si al final, las cosas son como nos las pintan, las conductas descritas en prensa se parecen mucho a lo descrito en nuestras leyes.

Puede también, que como estamos hablando de una entidad financiera de derecho público en la que tengo un depósito con 0 euros hace años, pueda tener derecho a saber en qué se gasta mi no dinero, que no tengo en dicha entidad.

Puede, también, que el problema de todo esto es que no sea yo el equivocado, sino los consejeros políticos que no tiene ni la más remota idea de lo que significaría todo lo arriba expuesto, que aplauden con inusitado acuerdo, y con las orejas, sólo porque al frente de la entidad está un experto, y como un experto lo dice, ellos no tienen nada que opinar. Claro, ya cobran sus dietas. Pero esa condición de legos no les debería evitar tener que responder si en algún momento las cosas se tuercen. O puede que sí, porque por lo que parece, son esos políticos, pero puestos en otro sitio, los que han mandado al carajo a CCM con su -como mínimo- incompetencia, o fraudulenta actuación al frente de CCM.

Puede también sea ese el motivo de que la Asociación Española de Banca haya levantado la voz reclamando que se deje de una vez quebrar a las entidades. No olvidemos que MC terminó en la cárcel, y a esta panda de CCM, que se sepa, el Fiscal ni se ha dignado preguntarles.

De lo que estoy seguro es de que el problema financiero mundial –lo mismo puede predicarse del español- no lo crearon los bancos privados, ni los particulares. Los problemas financieros se deben a la intromisión de lo público en lo privado. Simplificando se condena y criminaliza a particulares, por vender los activos tóxicos que eran hipotecas que nunca debieron otorgarse por entidades públicas como Freddie Mac y Fannie Mae, que a su vez, arrastraron al resto de la Banca a ese mercado <<no rentable>> compitiendo de forma desleal. En España este tragicómico gobierno que sufrimos se encara con la Banca cuando el problema, hasta ahora, es y está en las Cajas.

En resumen, no me atrevo a afirmar, y no afirmo, que la operación de CCM sea delictiva, porque carezco de información suficiente, ahora bien, parece más que fraudulenta, y ello entre otros muchos motivos, porque no sabemos qué va a ocurrir con los acreedores, ni con los responsables, ni donde está lo que falta, ni el motivo por el qué falta.

Una última reflexión, porqué es bueno que Cajastur sea más grande, tenga oficinas en donde hasta ahora no las tenía. Si su éxito fue hacer lo contrario que el resto, porqué cambia ahora. No sé si pensar en el dorado príncipe de Dinamarca o en Syloc, pero esto es más antiguo que el Lazarillo ¿a que al final nos lo cambian de una Castilla a otra? Me refiero al Lazarillo, por supuesto.

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