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Divagando a cuenta del asalto al Congreso, y al estado, a cuenta de la crisis

En estos días, con la crisis como música de fondo y los antisistemas (podríamos decir anarcosindicalistas) intentando asaltar un congreso vacío, lo que procede es plantearse en que consiste esa cosa que llamamos estado.

La cuestión no es baladí, porque al final esa especie de contrato ciudadano que tenemos debe ser redefinido contínuamente en función del precio que estamos dispuestos a pagar por ello.

El concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos definen el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado.

Max Weber, en 1919, define el Estado moderno como una “asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que, a este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas”. Por ello se hallan dentro del Estado instituciones tales como las fuerzas armadas, la administración pública, los tribunales y la policía, asumiendo pues el Estado las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las relaciones exteriores.

Probablemente la definición más clásica de Estado, fue la citada por el jurista alemán Hermann Heller que define al Estado como una “unidad de dominación, independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo, con medios de poder propios, y claramente delimitado en lo personal y territorial”.

Asimismo, como evolución del concepto se ha desarrollado el “Estado de Derecho” desde las revoluciones liberales inglesa, norteamericana y francesa -incluyámosla- por el que se incluyen dentro de la organización estatal aquellas resultantes del imperio de la ley y la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) que tienen como fin garantizar la libertad del individuo en sociedad.

Una evolución posterior es el “estado social” propio del siglo xx, es el que ha servido de excusa al socialismo, disfrazado de socialdemocracia, para añadir funciones que no le son propias al estado, al menos no originariamente y en ello estamos pues al socaire de esos nuevos aspectos del estado se olvidan las funciones propias originarias. La constitución española del 78 es la plasmación de este cambio definiendo a España como un estado social y democrático de derecho, anteponiendo lo accesorio a lo primordial. Digna hija natural del fascismo anterior y de la socialdemocracia que estaba de moda entonces. (literalmente: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.)

Y en esas andamos cuando debemos plantearnos ese contrato constitucional de nuevo, y nos encontramos con que los gobernantes han desvirtuado desde la propia expresión de estado, hasta sus propias funciones. Para ello es necesario acudir a los principios elementales del estado y de su organización haciendo un poco de memoria.

Me explico, hoy hay quien antepone, y contrapone, sanidad a defensa, educación a policía, y un largo etcétera de buenismos que se contraponen una realidad que nos han vendido como antipática.

Y ciertamente resulta antipático lo que estoy planteando, lo se, pero es la realidad; el estado no nace para proveernos de sanidad o de educación, el estado nace como forma de organización humana, y como tal se asienta sobre el principio de autoridad (delegada teóricamente por los ciudadanos).

Y ese principio de autoridad es el que exige unas fuerzas del orden en el ámbito interior y unas fuerzas armadas en el ámbito exterior, es así de sencillo.

Y ese ejercicio de esa autoridad a través del ius puniendii, esa autoridad, es la que hace que el estado se dote de tribunales de justicia para resolver los conflictos.

Y esa ejercicio de autoridad es el que hace necesario un sistema, no para controlar o limitar los poderes de los gobernantes, sino para poder removerlos y cambiarlos cuando no cumplen con sus obligaciones para con sus ciudadanos; es lo que lleva finalmente el estado democrático.

Y esos tres poderes o funcione propias del estado, el gobierno, la justicia y el parlamento, son los pilares hacia los que ha evolucionado el estado liberal -que no es España la que como hemos visto se define como estado social y democrático de derecho-.

Y ese estado social, involución del estado liberal, se define primero como social y luego como democrático, y por más que luego contenga una declaración de libertad, lo cierto es que antepone los fines a los medios, y ahí es dónde nos equivocamos de pleno. Bueno, ahí es donde se equivocaron los padres de ese híbrido bastardo de constitución que tenemos.

(Estoy obviando conscientemente meterme de lleno en el concepto de estado social, lo dejo para el final con intención.)

Trataré de explicarme con un ejemplo, si el estado es lo que indiqué antes con mayor o menor precisión, convertirlo en proveedor de servicios dejando de lado, anteponiendo o contraponiendo, la sanidad y la educación a sus funciones propias supone desnaturalizar el estado, lo mismo que supondría querer un coche sin motor, carne de cartón, una radio sin sonido, o una televisión sin imágenes. Ninguno de ellos valdría para lo que queremos.

Si el estado es lo que es, lo que no cabe ninguna duda es que quienes acuden al Congreso a subvertir el orden en pro de ciertos derechos -inexistentes-, están tratando de dar un golpe de estado, o más bien de acabar con el estado, porque pretender un estado sin instituciones y sin orden, es pretender un no estado, no es atacar nuestro sistema de gobierno, sino atacar la propia esencia del estado; y cuando se ataca la esencia del estado y este corre el riesgo de desaparecer, con su desaparición lo harán también sin ninguna duda, esa sanidad y esa educación a las que quería llegar.

En efecto y a lo que iba, no podemos contraponer la sanidad y la educación a las propias instituciones, ni al ejército, ni a la policía, ni a la justicia y la política por malas que creamos que sean; porque sin todos éstos, no existirán mucho tiempo la sanidad, ni la educación, ni las pensiones.

Por ello, creo que ese contrato constitucional que es necesario para vivir en sociedad, exige que pensemos fríamente, que pensemos y no nos dejemos llevar por el sentimiento, que es lo qué queremos, qué va primero y qué va después, en qué y cómo gastar; y en esa función maravillosa propia y exclusiva del ser humano que es pensar seamos capaces de encontrar el punto que nos permita, o no, mantener nuestro estado del bienestar hasta dónde podamos, sabiendo que es caro, que no es gratis.

Y lo que es más importante, que no es posible que sistemáticamente paguen unos y cobren otros, porque en ese caso, no habrá estado del bienestar y nos tendremos que conformar con estado o nada.

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